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El viernes pasado, personal del OS7 de Carabineros allanó la casa y oficina del ex alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en medio de una creciente investigación por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La orden de entrada y registro fue solicitada por la Fiscalía Oriente el 14 de marzo pasado y se fundamentó en las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla.
Según fuentes de la Fiscalía, desde el dispositivo móvil de Hermosilla se obtuvo información que implica directamente a Muñoz en hechos constitutivos de delitos. Ante estas revelaciones, el Ministerio Público solicitó formalizar cargos contra Muñoz, con una audiencia programada para el próximo martes 19 de marzo a las 9:00 horas.
En la noche del viernes, Muñoz presentó su renuncia como director general de la institución. Sin embargo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reveló que el Gobierno había instado a Muñoz a dejar su cargo tras conocer las investigaciones en su contra.
Los detalles de este escándalo de corrupción se desvelaron gracias a un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), basado en información proporcionada por la Fiscalía Oriente Metropolitana. Según el reporte, Muñoz habría estado filtrando información a Hermosilla apenas 13 días después de asumir su cargo como máximo jefe de la PDI. Esta información sensible incluía detalles de al menos cinco causas judiciales, algunas de las cuales implicaban a altas autoridades del gobierno anterior.
La relación entre Muñoz y Hermosilla, según la Fiscalía, se evidencia en más de 510 mensajes enviados y recibidos entre ambos, lo que ha llevado a la apertura de una nueva causa penal contra el exdirector general de la PDI.
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