Gobierno evalúa querella tras incidente en Lo Valledor
El Gobierno evalúa una querella tras tiroteo en Lo Valledor, donde una mujer logró arrebatar el arma de un vigilante y perpetró un ataque que dejó a tres personas heridas.
La mañana de hoy, la delegada presidencial Metropolitana, Constanza Martínez, se pronunció sobre el alarmante incidente ocurrido en las inmediaciones del Mercado Mayorista Lo Valledor, donde una mujer logró apoderarse del arma de un vigilante y efectuó disparos que dejaron a tres personas heridas.
Martínez subrayó la gravedad del acontecimiento y aseguró que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas que propiciaron este fallo en el procedimiento de seguridad privada. "Estamos trabajando para poder pesquisar administrativamente qué es lo que falló en este procedimiento de seguridad privada", afirmó la autoridad, añadiendo que se están evaluando medidas para reforzar la seguridad en el área.
La delegada informó que el trabajo de seguridad se realiza diariamente entre las 7:00 y las 15:00 horas, pero enfatizó que se redoblarán los esfuerzos para evitar incidentes similares en el futuro. Además, señaló que el gobierno está considerando presentar una querella criminal en relación con el incidente.
En cuanto a la presunta falla en el procedimiento de seguridad, Martínez destacó la evidente incapacidad para inmovilizar a la persona implicada. "La baja capacidad de inmovilizar a esta persona es evidente", declaró. La investigación sobre las fallas en el procedimiento quedará en manos del OS 10 de Carabineros, según indicó la delegada.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.