el martes pasado a las 12:36
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El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso.
La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban "sospecha, estupor e incluso desconfianza" sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos.
En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson.
La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro.
Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones.
Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.