el martes pasado a las 12:36
Este miércoles 28 de febrero a las 9:00 de la mañana se llevaría a cabo la audiencia en la cual la Corte de Apelaciones de Antofagasta, revisará los recursos presentados ante la decisión del Juzgado de Garantía de mantener tanto al exseremi del Minvu, Carlos Contreras, como al representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en prisión preventiva durante la investigación del caso.
De acuerdo a información difundida por LaTercera, las defensas de ambos imputados por tres delitos de fraude al fisco estiman que existió una ponderación errónea de los antecedentes y que los acusados han colaborado sustancialmente con la investigación.
Según este medio, Diego Sporman, uno de los abogados que integran el equipo de defensa de Daniel Andrade, luego de la revisión de medidas cautelares realizada el martes pasado, indicó que "existió una grave vulneración al derecho de defensa".
Esto debido a que cuando se realizó el control de detención en diciembre del año pasado, la carpeta de investigación se mantenía en secreto por parte de la Fiscalía, siendo conocida solo pocas horas antes de la formalización.
"Se nos exhortó a estudiar, revisar y esquematizar más 20 tomos y 15 mil páginas con menos de un día de anticipación, lo cual evidentemente generó una mella en una acuciosa revisión de los antecedentes que sirvieron de base para la imputación fiscal y en consecuencia del derecho a defensa", explicó Sporman.
Esto habría incidido en que Andrade no haya declarado formalmente en la investigación, por considerar que sus palabras no sean ponderadas con el debido mérito. Esto a diferencia de Carlos Contreras, quien prestó declaración durante tres jornadas, lo cual habría influido en que el Ministerio Público ampliara las indagatorias.
De esta manera, la defensa de ambos imputados apuntaría a conseguir una medida cautelar de menor intensidad como arresto domiciliario total.
Cabe recordar, que tanto Contreras como Andrade se mantienen en prisión preventiva en Antofagasta desde el pasado viernes 15 de diciembre, jornada en que el Juzgado de Garantía estableció en seis meses el plazo de investigación del caso.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
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