Fiscalía de Antofagasta abrió investigación penal tras filtración de chats en Caso Democracia Viva
Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios.
Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios”, indicaron.
La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa.
Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
