el martes pasado a las 12:36
El presidente de Argentina, Javier Milei, tomó una de sus primeras decisiones en el cargo al modificar el decreto 93/18 firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, que prohibía el nombramiento de familiares de funcionarios en el Poder Ejecutivo. La modificación tenía como objetivo permitir que su hermana, Karina Milei, asumiera el rol de secretaria general de la Presidencia.
El decreto original, implementado en 2018, establecía restricciones a las designaciones en el sector público nacional, prohibiendo la contratación de personas con vínculos de parentesco hasta el segundo grado con el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y funcionarios con rango de Ministro, incluyendo cónyuges y uniones convivenciales. La medida buscaba salvaguardar principios de institucionalidad, integridad y transparencia en el Gobierno.
No obstante, el nuevo gobierno liderado por Milei argumentó que era necesario "limitar la prohibición" para permitir nombramientos realizados por el Presidente en ejercicio de sus facultades constitucionales.
El domingo pasado, en una ceremonia a puertas cerradas en el Salón Blanco, Karina Milei juró como secretaria general de la Presidencia. Este puesto, de gran trascendencia institucional, implica proporcionar al Presidente información, asesoramiento, administración y colaboración esenciales para el ejercicio de sus funciones. Además, la secretaria general supervisa el cumplimiento de objetivos, elabora mensajes y discursos, diseña políticas públicas y participa en relaciones con sectores representativos de la comunidad.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.