Durante la sesión de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en el SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Contralora (s) Dorothy Pérez proporcionó información detallada sobre una serie de fiscalizaciones realizadas a dichos organismos.
En relación al SII, se destacó una auditoría y examen de cuentas sobre el pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente, donde se observaron pagos no acreditados y parcialmente acreditados por un total de $620.323.696. Además, se objetaron horas extras por labores sin sustento de ejecución en los registros de asistencia, representando $251.858.351, y otras acreditadas solo de manera parcial, dejando un saldo por acreditar de $54.606.243.
En otro informe presentado, Pérez reveló que entre 2015 y 2018, en 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), no se presentaba el giro asociado al RUT del contribuyente, lo que resultó en la no emisión de órdenes de ingresos por un total de $324.212.430.
Estas revelaciones podrían tener implicaciones significativas en el ámbito de la transparencia y el manejo de recursos en el Servicio de Impuestos Internos, generando un nuevo capítulo en el caso investigado.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.