Con umbral del 5% y sin ''díscolos'': Senadores presentan proyecto de reforma política y electoral
Incluye la implementación de un umbral del 5% para obtener escaños en el Congreso, establece nuevas reglas para la organización de los independientes y define las condiciones en las que un diputado o senador cesará funciones.
La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal.
En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urresti y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD).
En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congreso.
Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores.
Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional.
Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales.
Reacciones del mundo parlamentario
Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que "sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados", explicó.
A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que "para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso". Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será "difícil" apoyar el proyecto, remarcó.
En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que "suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país", enfatizó.
Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: "¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?", fustigó.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
