El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó gran parte de la partida presupuestaria presentada por el Gobierno, en un proceso que se llevó a cabo entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre. Esta instancia, compuesta por 13 diputados de la Comisión de Hacienda y 13 senadores, analizó y votó las 33 partidas y los artículos de la iniciativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó su opinión sobre este rechazo, señalando que ve una motivación electoral detrás de la decisión. A pesar de esto, se mostró optimista por llegar a un acuerdo en el futuro. El foco principal estuvo en las proyecciones de ingresos que la oposición ha cuestionado. Las primeras partidas rechazadas fueron las de la Contraloría General de la República y Presidencia de la República. Aunque se aprobó la partida del Congreso, se rechazaron las indicaciones relacionadas con las asignaciones a los expresidentes. En cuanto a otras áreas, Bienes Nacionales y el Poder Judicial obtuvieron respaldo por un estrecho margen. Sin embargo, no se visaron los fondos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo. Por otro lado, se aprobaron los dineros destinados al Servicio Electoral. Las partidas restantes como Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no tuvieron igual destino. La Comisión acordó someter a votación las partidas pendientes junto con el articulado del proyecto. En una nueva ronda de votaciones, se rechazaron partidas como Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio Público; Defensa; Seguridad Pública; Deportes; Culturas; Mujer; Minería; Salud; Trabajo; Agricultura; Gobiernos Regionales; Interior; Relaciones Exteriores; Justicia; Medio Ambiente; Energía; Obras Públicas; Economía; Desarrollo Social; Vivienda; Educación; Hacienda; Tesoro Público y el articulado. Los informes con todos los rechazos y aprobaciones serán presentados ante la Sala de la Cámara Baja para su revisión. Se espera que los parlamentarios lleguen a acuerdos con el Ejecutivo para dar viabilidad al Presupuesto 2026 durante el proceso que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre. Una vez completada esta etapa, el proyecto pasará al Senado para su tramitación y votación entre el 21 y el 25 de noviembre. Posteriormente, se contempla una comisión mixta entre la Cámara y el Senado para abordar diferencias y pronunciamientos respectivos entre el 27 y el 29 de noviembre. El plazo final para la tramitación del Presupuesto 2026 es el 30 de noviembre. Tras la votación en la Comisión Mixta, Nicolás Grau expresó su descontento con la decisión tomada: “hemos tenido un resultado que, yo creo que lo que importa acá es que defrauda al país. Una decisión política, probablemente con una motivación electoral”. Grau también mencionó que se necesita “hacer un gran recorte” en referencia a propuestas planteadas en Sala. Sin embargo, advirtió que esto significaría reducir el gasto social. A pesar de todo, manifestó su confianza en llegar a un acuerdo: “yo creo que vamos a llegar a un acuerdo”. La incertidumbre persiste hasta que prime una visión mayoritaria en el debate parlamentario. Fuente: CNN Chile País
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
En un intento por captar votos a través del alto nivel de reconocimiento ciudadano, figuras como Marlén Olivarí, Pablo Herrera, el “Pollo” Valdivia y Ariel Mateluna figuran entre los nombres seleccionados. Reconocidos rostros del espectáculo, la televisión y la música se preparan para dar un nuevo salto: esta vez, hacia la política. Diversas colectividades, tanto del oficialismo como de la oposición, están apostando por figuras mediáticas para competir en las elecciones parlamentarias de 2025, aprovechando su alto nivel de conocimiento ciudadano. Aunque la inscripción final de candidaturas concluye la medianoche de este lunes, ya hay varios nombres sobre la mesa que han generado revuelo, tanto por su popularidad como por el debate interno que despiertan en los partidos que los respaldan. El pacto “Chile Grande y Unido”, que agrupa a Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) y al partido Demócratas, lleva la delantera en el fichaje de candidatos con pasado en la TV. Entre los casos más llamativos está Marlén Olivarí, exmodelo y figura actual del reality Mundos Opuestos, quien postularía al Congreso por el distrito 6, apoyada por Renovación Nacional (RN). En la misma colectividad se contempla al cantautor Pablo Herrera, quien competiría por el distrito 14. Su incorporación ha causado controversia dentro de RN, debido a su abierta simpatía con José Antonio Kast. En paralelo, Demócratas ya habría confirmado a varios aspirantes con fuerte presencia en televisión. Entre ellos, el modelo Patricio Laguna, por el distrito 15; el exganador del reality La Granja, Gonzalo Egas, por el distrito 8; y el actor Juan Pablo Sáez —recordado por su paso en teleseries de los 90 y como exconsejero regional—, quien buscará un escaño en el distrito 10. Desde Evópoli, también surge un nombre con pasado en la farándula: Carolina Julio, quien también competiría en el distrito 6. No solo la oposición está reclutando celebridades. En la coalición oficialista y sus pactos también figuran nombres con trayectoria en la pantalla. El Partido Socialista (PS) respalda a la actriz Li Fridman, conocida por sus papeles en teleseries como Papá a la Deriva y Amores de Mercado, quien buscaría un escaño en el distrito 12, donde el PS no tiene representación actualmente. También en el PS se suma la doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar que adquirió notoriedad por sus intervenciones en matinales durante la pandemia. Competiría en el distrito 15. Uno de los fichajes más mediáticos lo protagoniza el animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien postulará como independiente a través de un cupo de la Democracia Cristiana (DC) en el distrito 8, consignó La Tercera. Su candidatura reemplazará a la del diputado Alberto Undurraga, quien no irá a la reelección. Por otro lado, el actor Ariel Mateluna, protagonista de la película Machuca y de múltiples teleseries, competirá por un cupo de Acción Humanista (AH) en el distrito 9. En el distrito 7, el Partido Liberal llevará nuevamente al actor Felipe Ríos, quien ya fue candidato en las elecciones de gobernadores regionales por Valparaíso. Ríos es conocido por sus papeles en clásicos como La Fiera y El Circo de las Montini. Fuente: CNN Chile País
Asegurando que el Congreso decidió la compra de 10 mil dispositivos “Bola Wrap” para Carabineros de Chile, sin licitación ni evaluación pública, la Fundación América Transparente cuestionó la adquisición del dispositivo no letal a través de la Ley de Presupuesto 2025. En concreto, la organización acusó que durante la discusión presupuestaria se especificó directamente el nombre del producto a adquirir —el Bola Wrap — lo que implica, en los hechos, que se dirigió la compra a un proveedor específico: la empresa Top Security SPA. “ Esto constituye una posible compra atada, que anula la posibilidad de competencia y direcciona los recursos públicos a un proveedor único ”, señalaron Paulette Desormeaux y Juan José Lyon, investigadores de América Transparente. La cifra no es menor, ya que se aprobaron $34 mil millones, el equivalente a construir más de tres Cesfam, según ejemplifican los investigadores de la fundación, quienes advirtieron que “la seguridad pública no puede resolverse con decisiones opacas”. Desde América Transparente aseguran que realizaron una completa revisión de la Plataforma de la Ley de Lobby y detectaron que no hay reuniones recientes entre la empresa y las autoridades, salvo una en 2021 con Carabineros. Tampoco existe licitación ni convenio vigente en Mercado Público que respalde la compra. En este sentido, aseguraron que cuando pidieron los antecedentes técnicos a través de la Ley de Transparencia, Carabineros respondió que la información es secreta “por motivos de seguridad”. El Bola Wrap es un dispositivo no letal que lanza una cuerda de kevlar para inmovilizar a personas. Aunque ha sido presentado como una alternativa moderna, la Fundación América Transparente advirtió que su efectividad “aún es limitada a nivel internacional” y que su uso “sigue en etapa de prueba en varios países”. Además, señalaron que mientras alcaldes pedían evaluar el uso del taser, en la oficina del exsubsecretario del Interior ya había un Bola Wrap sobre la mesa, lo que sugiere —a juicio de los autores— una “preferencia institucional no declarada”. “ Los recursos públicos deben usarse con máxima eficiencia y transparencia, no para amarrar compras bajo un manto de secretismo ”, apuntaron. Fuente: Publimetro
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó gran parte de la partida presupuestaria presentada por el Gobierno, en un proceso que se llevó a cabo entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre. Esta instancia, compuesta por 13 diputados de la Comisión de Hacienda y 13 senadores, analizó y votó las 33 partidas y los artículos de la iniciativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó su opinión sobre este rechazo, señalando que ve una motivación electoral detrás de la decisión. A pesar de esto, se mostró optimista por llegar a un acuerdo en el futuro. El foco principal estuvo en las proyecciones de ingresos que la oposición ha cuestionado. Las primeras partidas rechazadas fueron las de la Contraloría General de la República y Presidencia de la República. Aunque se aprobó la partida del Congreso, se rechazaron las indicaciones relacionadas con las asignaciones a los expresidentes. En cuanto a otras áreas, Bienes Nacionales y el Poder Judicial obtuvieron respaldo por un estrecho margen. Sin embargo, no se visaron los fondos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo. Por otro lado, se aprobaron los dineros destinados al Servicio Electoral. Las partidas restantes como Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no tuvieron igual destino. La Comisión acordó someter a votación las partidas pendientes junto con el articulado del proyecto. En una nueva ronda de votaciones, se rechazaron partidas como Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio Público; Defensa; Seguridad Pública; Deportes; Culturas; Mujer; Minería; Salud; Trabajo; Agricultura; Gobiernos Regionales; Interior; Relaciones Exteriores; Justicia; Medio Ambiente; Energía; Obras Públicas; Economía; Desarrollo Social; Vivienda; Educación; Hacienda; Tesoro Público y el articulado. Los informes con todos los rechazos y aprobaciones serán presentados ante la Sala de la Cámara Baja para su revisión. Se espera que los parlamentarios lleguen a acuerdos con el Ejecutivo para dar viabilidad al Presupuesto 2026 durante el proceso que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre. Una vez completada esta etapa, el proyecto pasará al Senado para su tramitación y votación entre el 21 y el 25 de noviembre. Posteriormente, se contempla una comisión mixta entre la Cámara y el Senado para abordar diferencias y pronunciamientos respectivos entre el 27 y el 29 de noviembre. El plazo final para la tramitación del Presupuesto 2026 es el 30 de noviembre. Tras la votación en la Comisión Mixta, Nicolás Grau expresó su descontento con la decisión tomada: “hemos tenido un resultado que, yo creo que lo que importa acá es que defrauda al país. Una decisión política, probablemente con una motivación electoral”. Grau también mencionó que se necesita “hacer un gran recorte” en referencia a propuestas planteadas en Sala. Sin embargo, advirtió que esto significaría reducir el gasto social. A pesar de todo, manifestó su confianza en llegar a un acuerdo: “yo creo que vamos a llegar a un acuerdo”. La incertidumbre persiste hasta que prime una visión mayoritaria en el debate parlamentario. Fuente: CNN Chile País
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
En un intento por captar votos a través del alto nivel de reconocimiento ciudadano, figuras como Marlén Olivarí, Pablo Herrera, el “Pollo” Valdivia y Ariel Mateluna figuran entre los nombres seleccionados. Reconocidos rostros del espectáculo, la televisión y la música se preparan para dar un nuevo salto: esta vez, hacia la política. Diversas colectividades, tanto del oficialismo como de la oposición, están apostando por figuras mediáticas para competir en las elecciones parlamentarias de 2025, aprovechando su alto nivel de conocimiento ciudadano. Aunque la inscripción final de candidaturas concluye la medianoche de este lunes, ya hay varios nombres sobre la mesa que han generado revuelo, tanto por su popularidad como por el debate interno que despiertan en los partidos que los respaldan. El pacto “Chile Grande y Unido”, que agrupa a Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) y al partido Demócratas, lleva la delantera en el fichaje de candidatos con pasado en la TV. Entre los casos más llamativos está Marlén Olivarí, exmodelo y figura actual del reality Mundos Opuestos, quien postularía al Congreso por el distrito 6, apoyada por Renovación Nacional (RN). En la misma colectividad se contempla al cantautor Pablo Herrera, quien competiría por el distrito 14. Su incorporación ha causado controversia dentro de RN, debido a su abierta simpatía con José Antonio Kast. En paralelo, Demócratas ya habría confirmado a varios aspirantes con fuerte presencia en televisión. Entre ellos, el modelo Patricio Laguna, por el distrito 15; el exganador del reality La Granja, Gonzalo Egas, por el distrito 8; y el actor Juan Pablo Sáez —recordado por su paso en teleseries de los 90 y como exconsejero regional—, quien buscará un escaño en el distrito 10. Desde Evópoli, también surge un nombre con pasado en la farándula: Carolina Julio, quien también competiría en el distrito 6. No solo la oposición está reclutando celebridades. En la coalición oficialista y sus pactos también figuran nombres con trayectoria en la pantalla. El Partido Socialista (PS) respalda a la actriz Li Fridman, conocida por sus papeles en teleseries como Papá a la Deriva y Amores de Mercado, quien buscaría un escaño en el distrito 12, donde el PS no tiene representación actualmente. También en el PS se suma la doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar que adquirió notoriedad por sus intervenciones en matinales durante la pandemia. Competiría en el distrito 15. Uno de los fichajes más mediáticos lo protagoniza el animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien postulará como independiente a través de un cupo de la Democracia Cristiana (DC) en el distrito 8, consignó La Tercera. Su candidatura reemplazará a la del diputado Alberto Undurraga, quien no irá a la reelección. Por otro lado, el actor Ariel Mateluna, protagonista de la película Machuca y de múltiples teleseries, competirá por un cupo de Acción Humanista (AH) en el distrito 9. En el distrito 7, el Partido Liberal llevará nuevamente al actor Felipe Ríos, quien ya fue candidato en las elecciones de gobernadores regionales por Valparaíso. Ríos es conocido por sus papeles en clásicos como La Fiera y El Circo de las Montini. Fuente: CNN Chile País
Asegurando que el Congreso decidió la compra de 10 mil dispositivos “Bola Wrap” para Carabineros de Chile, sin licitación ni evaluación pública, la Fundación América Transparente cuestionó la adquisición del dispositivo no letal a través de la Ley de Presupuesto 2025. En concreto, la organización acusó que durante la discusión presupuestaria se especificó directamente el nombre del producto a adquirir —el Bola Wrap — lo que implica, en los hechos, que se dirigió la compra a un proveedor específico: la empresa Top Security SPA. “ Esto constituye una posible compra atada, que anula la posibilidad de competencia y direcciona los recursos públicos a un proveedor único ”, señalaron Paulette Desormeaux y Juan José Lyon, investigadores de América Transparente. La cifra no es menor, ya que se aprobaron $34 mil millones, el equivalente a construir más de tres Cesfam, según ejemplifican los investigadores de la fundación, quienes advirtieron que “la seguridad pública no puede resolverse con decisiones opacas”. Desde América Transparente aseguran que realizaron una completa revisión de la Plataforma de la Ley de Lobby y detectaron que no hay reuniones recientes entre la empresa y las autoridades, salvo una en 2021 con Carabineros. Tampoco existe licitación ni convenio vigente en Mercado Público que respalde la compra. En este sentido, aseguraron que cuando pidieron los antecedentes técnicos a través de la Ley de Transparencia, Carabineros respondió que la información es secreta “por motivos de seguridad”. El Bola Wrap es un dispositivo no letal que lanza una cuerda de kevlar para inmovilizar a personas. Aunque ha sido presentado como una alternativa moderna, la Fundación América Transparente advirtió que su efectividad “aún es limitada a nivel internacional” y que su uso “sigue en etapa de prueba en varios países”. Además, señalaron que mientras alcaldes pedían evaluar el uso del taser, en la oficina del exsubsecretario del Interior ya había un Bola Wrap sobre la mesa, lo que sugiere —a juicio de los autores— una “preferencia institucional no declarada”. “ Los recursos públicos deben usarse con máxima eficiencia y transparencia, no para amarrar compras bajo un manto de secretismo ”, apuntaron. Fuente: Publimetro
