Senado aprueba acusación constitucional y destituye al ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema
Con la aprobación de ambos capítulos del libelo acusatorio, el magistrado Sergio Muñoz deja su cargo en la Corte Suprema y queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública.
El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad.
El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un "empate político".
El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido.
Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento.
Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
El libelo ingresado a la Cámara de Diputados contempla tres capítulos relacionados con beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad y presuntas faltas a la probidad. La iniciativa podría terminar con la destitución del titular de Justicia, quien mantiene el respaldo del presidente José Antonio Kast.
El presidente del fútbol chileno respaldó la resolución del Tribunal de Disciplina que permitió al conjunto nortino mantenerse en Primera B, aunque deberá pagar una multa cercana a los $83 millones. El dirigente aseguró que las sanciones se aplican bajo criterios institucionales y que la definición del campeonato se resolverá en la cancha.
