El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022.

La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia.

En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático.

Respecto al "criterio Tohá", que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas.

Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del "criterio Tohá" en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República.

"Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros", señalaron

Asimismo, enfatizaron que "utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente".