Modifican sanción contra Colo Colo tras los disturbios en la Supercopa
La resolución del tribunal deportivo determina la anulación del castigo a los hinchas albos, aunque impone una sanción de cierre para el sector norte del Estadio Monumental por cinco partidos.
el martes pasado a las 12:36
La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha anunciado su dictamen respecto a la apelación presentada por Colo Colo tras los incidentes ocurridos durante la Supercopa ante Huachipato. En su resolución, el tribunal ha decidido revocar la sanción inicial contra los 12.850 hinchas del club, pero al mismo tiempo ha establecido el cierre del sector norte del Estadio Monumental por cinco encuentros.
Según lo comunicado por el tribunal, se confirma la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en la que se declara que la sanción aplicada solo afectará el cierre de la galería norte del estadio, donde Colo Colo hace de local.
Además, se determina que esta sanción entrará en vigor a partir del próximo partido del Torneo Nacional de Primera División Temporada 2024, una vez que la presente sentencia sea notificada.
Esta decisión implica que el equipo dirigido por Jorge Almirón deberá enfrentar sus próximos compromisos, incluyendo duelos contra Everton, Cobreloa, Unión La Calera, Palestino y Depor, con el sector norte del Estadio Monumental cerrado para los espectadores. La resolución del tribunal marca un nuevo capítulo en este caso, buscando balancear las medidas disciplinarias con la realidad del club y sus hinchas.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
