PDI realiza allanamientos en fundaciones de Antofagasta por Caso convenios
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien obtuvo la autorización del Juzgado de Garantía de la capital regional.
el martes pasado a las 12:36
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La Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta llevó a cabo el pasado jueves 6 de julio, una serie de allanamientos en cuatro fundaciones que mantenían convenios con la Seremi de Vivienda. Estos allanamientos se realizaron en el marco de una investigación sobre posibles traspasos de dineros fiscales que podrían constituir delitos.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien obtuvo la autorización del Juzgado de Garantía de la capital regional. Los operativos afectaron a las fundaciones Procultura, Urbanismo Social, Tomarte y la Fundación Arte y Cultura Movimiento Fabre.
Tras el allanamiento, desde Urbanismo Social manifestaron su disposición a colaborar con la investigación, señalando que se pusieron a disposición del fiscal desde el primer momento y que son los más interesados en que se esclarezcan los hechos cuanto antes.
Por su parte, los abogados representantes de Procultura declararon que han entregado voluntariamente toda la información solicitada a fin de esclarecer los hechos y determinar a los responsables.
Este caso de las fundaciones se inició hace tres semanas con Democracia Viva, y en el marco de esta indagatoria se allanó el domicilio de su representante legal, Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez. En este allanamiento también se incautaron el computador y el celular de la diputada.
La fiscalía está investigando el traspaso de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda a Democracia Viva, a través de convenios suscritos entre octubre y diciembre de 2020. Además de Andrade, también está involucrado el exseremi Carlos Contreras. Ambos fueron expulsados de Revolución Democrática, mientras que la diputada fue suspendida de su militancia.
La investigación se inició de oficio, es decir, sin denuncia previa, y el fiscal Aguilar está indagando posibles delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
