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La Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta llevó a cabo el pasado jueves 6 de julio, una serie de allanamientos en cuatro fundaciones que mantenían convenios con la Seremi de Vivienda. Estos allanamientos se realizaron en el marco de una investigación sobre posibles traspasos de dineros fiscales que podrían constituir delitos.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien obtuvo la autorización del Juzgado de Garantía de la capital regional. Los operativos afectaron a las fundaciones Procultura, Urbanismo Social, Tomarte y la Fundación Arte y Cultura Movimiento Fabre.
Tras el allanamiento, desde Urbanismo Social manifestaron su disposición a colaborar con la investigación, señalando que se pusieron a disposición del fiscal desde el primer momento y que son los más interesados en que se esclarezcan los hechos cuanto antes.
Por su parte, los abogados representantes de Procultura declararon que han entregado voluntariamente toda la información solicitada a fin de esclarecer los hechos y determinar a los responsables.
Este caso de las fundaciones se inició hace tres semanas con Democracia Viva, y en el marco de esta indagatoria se allanó el domicilio de su representante legal, Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez. En este allanamiento también se incautaron el computador y el celular de la diputada.
La fiscalía está investigando el traspaso de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda a Democracia Viva, a través de convenios suscritos entre octubre y diciembre de 2020. Además de Andrade, también está involucrado el exseremi Carlos Contreras. Ambos fueron expulsados de Revolución Democrática, mientras que la diputada fue suspendida de su militancia.
La investigación se inició de oficio, es decir, sin denuncia previa, y el fiscal Aguilar está indagando posibles delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
Hugo Castillo y Jhan Muñoz recibieron con emoción a Usiel, Gael y Caleb tras un parto adelantado por cesárea. Los bebés, nacidos de un embarazo de alto riesgo, se encuentran bajo cuidados especializados en neonatología.
El Poder Judicial informó que, hasta mayo de este año, se han dictado órdenes de pago por más de $830 mil millones y se han recaudado más de $310 mil millones bajo la Ley para Pago Efectivo.