Gobierno establece comisión de expertos para promover probidad y transparencia
La comisión de seis expertos se ha constituido con el objetivo de analizar y proponer mejoras en la relación entre las fundaciones y el Estado, esto durante un plazo de 45 días
El presidente Gabriel Boric lideró la primera reunión de una comisión convocada por el Gobierno para abordar la mejora de la relación entre las fundaciones sin fines de lucro y el Estado. Esta iniciativa surge en respuesta al escándalo de la Fundación Democracia Viva y las diversas revelaciones que han surgido en torno a este caso.
La comisión está compuesta por seis expertos, entre ellos María Jaraquemada, directora de Chile Transparente, y el ex contralor Ramiro Mendoza. Su principal tarea es analizar cómo las fundaciones pueden mejorar su rendición de cuentas. El presidente Gabriel Boric dejó en claro que esta comisión no es solo para la apariencia, sino que su objetivo es implementar las recomendaciones que se presenten en un plazo de 45 días.
El grupo de expertos tendrá la responsabilidad de generar propuestas para evaluar las fortalezas y debilidades de los convenios entre el Estado y las fundaciones. María Jaraquemada, quien preside la comisión, explicó que el objetivo es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, teniendo en cuenta el perfil y la eficacia con la que estas organizaciones deben operar en conjunto con el Estado en la provisión de bienes y servicios.
Las propuestas de la comisión podrían dar lugar a proyectos de ley que posteriormente deberán ser tramitados por el Congreso.
La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
