El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.

Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.

​Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.

​Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.

​Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.

​Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. 

El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.

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