El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció sobre el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, región del Bío Bío, calificándolo como un acto que va más allá de ser simplemente un delito, ya que representa un desafío al Estado de Chile. Arrau resaltó la gravedad de la situación al recordar un incidente similar ocurrido hace una semana, enfatizando que la muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás. Enfatizó que atacar a un carabinero no solo afecta a la institución policial, sino que constituye un desafío para todo el país. Por ello, aseguró que se utilizarán todos los medios disponibles para resolverlo, para hacer que esa persona cumpla en la cárcel las penas más altas posibles y garantizar que no haya impunidad en estos casos. Además, el ministro expresó su compromiso de seguir respaldando a los carabineros en diversas situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, operativos especiales y situaciones de orden público o violencia callejera. Arrau pide avanzar en respaldo jurídico a las policías Finalmente, Martín Arrau instó a avanzar en legislación para brindar un respaldo jurídico sólido a las fuerzas policiales, haciendo referencia a las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza. Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solo más recursos, como está contemplado en la nueva Ley de Presupuesto con un incremento significativo, sino también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal fue un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza representen ese apoyo necesario para nuestras policías, concluyó. Cabe mencionar que previamente, Arrau había expresado su pesar por el fallecimiento del sargento Urrea a través de sus redes sociales. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea, escribió. Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026 Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció sobre el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, región del Bío Bío, calificándolo como un acto que va más allá de ser simplemente un delito, ya que representa un desafío al Estado de Chile. Arrau resaltó la gravedad de la situación al recordar un incidente similar ocurrido hace una semana, enfatizando que la muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás. Enfatizó que atacar a un carabinero no solo afecta a la institución policial, sino que constituye un desafío para todo el país. Por ello, aseguró que se utilizarán todos los medios disponibles para resolverlo, para hacer que esa persona cumpla en la cárcel las penas más altas posibles y garantizar que no haya impunidad en estos casos. Además, el ministro expresó su compromiso de seguir respaldando a los carabineros en diversas situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, operativos especiales y situaciones de orden público o violencia callejera. Arrau pide avanzar en respaldo jurídico a las policías Finalmente, Martín Arrau instó a avanzar en legislación para brindar un respaldo jurídico sólido a las fuerzas policiales, haciendo referencia a las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza. Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solo más recursos, como está contemplado en la nueva Ley de Presupuesto con un incremento significativo, sino también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal fue un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza representen ese apoyo necesario para nuestras policías, concluyó. Cabe mencionar que previamente, Arrau había expresado su pesar por el fallecimiento del sargento Urrea a través de sus redes sociales. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea, escribió. Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026 Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
