En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha dado a conocer los resultados de un amplio operativo policial llevado a cabo los días 6 y 7 de mayo en siete regiones del país, que resultó en la detención de un total de 459 personas y más de 8.500 controles preventivos. Este despliegue abarcó nueve ciudades, incluyendo Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha asegurado que este tipo de acciones se mantendrán durante la actual administración. Según sus palabras: “Vamos a recuperar nuestro territorio, eje central de la política y el plan establecido por el Presidente Kast”. De acuerdo al balance consolidado de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el operativo arrojó un total de 1.007 personas fiscalizadas, 223 extranjeros denunciados, 47 vehículos retirados, siete armas incautadas, 28 municiones, y más de nueve kilos de droga decomisada. En total, participaron en el operativo un total de 1.675 funcionarios. Luego, la secretaria de Estado explicó que estos procedimientos responden a una planificación previa. En sus palabras: “Se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”. Steinert, además, subrayó la intención del Ejecutivo de mantener este tipo de intervenciones en el tiempo. Enfatizó:Vamos a continuar. No vamos a parar hasta devolver la seguridad a nuestro país. Por otro lado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que los detenidos están relacionados con delitos de mayor connotación social. También informó que el 75% de los capturados quedaron en prisión preventiva o fueron sometidos al respectivo control de detención. Son detenidos que están relacionados con los delitos de mayor connotación social, que es precisamente lo que se requiere, afirmó Araya, destacando además el volumen de controles de identidad y vehiculares realizados en distintos horarios y comunas. Mientras tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, resaltó la coordinación interinstitucional. Expresó:Ha sido un trabajo conjunto, que se ha mantenido en el tiempo, de articulación, coordinación, cooperación, y que seguirá así en adelante. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha confirmado que la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a cabo la incautación de computadores en el SLEP Atacama, luego de que saliera a la luz una ostentosa celebración por el quinto aniversario de la institución. “Entiendo que la PDI ya llegó al servicio local e incautó computadores para llevar a cabo una revisión de antecedentes ”, expresó el ministro en una entrevista con Radio Pauta. En este sentido, detalló que la investigación se enfocará en determinar si se hicieron uso de recursos públicos. “En caso de no haberse utilizado fondos fiscales, es necesario determinar si el financiamiento fue legal y debidamente registrado”, agregó. Además, Nicolás Cataldo comunicó que “se ha ordenado una auditoría ministerial que actualmente se está llevando a cabo y cuyos resultados serán clave para decidir si se inician sumarios administrativos o si los antecedentes son remitidos a la Contraloría o al Ministerio Público ”. Por último, prefirió no adelantar conclusiones: “ No voy a opinar sobre si fue legal o ilegal, ya que considero que eso es algo que debe ser determinado por la investigación”. No obstante, señaló que lo ocurrido fue “inadecuado e improcedente”. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha dado a conocer los resultados de un amplio operativo policial llevado a cabo los días 6 y 7 de mayo en siete regiones del país, que resultó en la detención de un total de 459 personas y más de 8.500 controles preventivos. Este despliegue abarcó nueve ciudades, incluyendo Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha asegurado que este tipo de acciones se mantendrán durante la actual administración. Según sus palabras: “Vamos a recuperar nuestro territorio, eje central de la política y el plan establecido por el Presidente Kast”. De acuerdo al balance consolidado de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el operativo arrojó un total de 1.007 personas fiscalizadas, 223 extranjeros denunciados, 47 vehículos retirados, siete armas incautadas, 28 municiones, y más de nueve kilos de droga decomisada. En total, participaron en el operativo un total de 1.675 funcionarios. Luego, la secretaria de Estado explicó que estos procedimientos responden a una planificación previa. En sus palabras: “Se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”. Steinert, además, subrayó la intención del Ejecutivo de mantener este tipo de intervenciones en el tiempo. Enfatizó:Vamos a continuar. No vamos a parar hasta devolver la seguridad a nuestro país. Por otro lado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que los detenidos están relacionados con delitos de mayor connotación social. También informó que el 75% de los capturados quedaron en prisión preventiva o fueron sometidos al respectivo control de detención. Son detenidos que están relacionados con los delitos de mayor connotación social, que es precisamente lo que se requiere, afirmó Araya, destacando además el volumen de controles de identidad y vehiculares realizados en distintos horarios y comunas. Mientras tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, resaltó la coordinación interinstitucional. Expresó:Ha sido un trabajo conjunto, que se ha mantenido en el tiempo, de articulación, coordinación, cooperación, y que seguirá así en adelante. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha confirmado que la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a cabo la incautación de computadores en el SLEP Atacama, luego de que saliera a la luz una ostentosa celebración por el quinto aniversario de la institución. “Entiendo que la PDI ya llegó al servicio local e incautó computadores para llevar a cabo una revisión de antecedentes ”, expresó el ministro en una entrevista con Radio Pauta. En este sentido, detalló que la investigación se enfocará en determinar si se hicieron uso de recursos públicos. “En caso de no haberse utilizado fondos fiscales, es necesario determinar si el financiamiento fue legal y debidamente registrado”, agregó. Además, Nicolás Cataldo comunicó que “se ha ordenado una auditoría ministerial que actualmente se está llevando a cabo y cuyos resultados serán clave para decidir si se inician sumarios administrativos o si los antecedentes son remitidos a la Contraloría o al Ministerio Público ”. Por último, prefirió no adelantar conclusiones: “ No voy a opinar sobre si fue legal o ilegal, ya que considero que eso es algo que debe ser determinado por la investigación”. No obstante, señaló que lo ocurrido fue “inadecuado e improcedente”. Fuente: ADN Radio Nacional
