El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció sobre el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, región del Bío Bío, calificándolo como un acto que va más allá de ser simplemente un delito, ya que representa un desafío al Estado de Chile. Arrau resaltó la gravedad de la situación al recordar un incidente similar ocurrido hace una semana, enfatizando que la muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás. Enfatizó que atacar a un carabinero no solo afecta a la institución policial, sino que constituye un desafío para todo el país. Por ello, aseguró que se utilizarán todos los medios disponibles para resolverlo, para hacer que esa persona cumpla en la cárcel las penas más altas posibles y garantizar que no haya impunidad en estos casos. Además, el ministro expresó su compromiso de seguir respaldando a los carabineros en diversas situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, operativos especiales y situaciones de orden público o violencia callejera. Arrau pide avanzar en respaldo jurídico a las policías Finalmente, Martín Arrau instó a avanzar en legislación para brindar un respaldo jurídico sólido a las fuerzas policiales, haciendo referencia a las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza. Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solo más recursos, como está contemplado en la nueva Ley de Presupuesto con un incremento significativo, sino también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal fue un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza representen ese apoyo necesario para nuestras policías, concluyó. Cabe mencionar que previamente, Arrau había expresado su pesar por el fallecimiento del sargento Urrea a través de sus redes sociales. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea, escribió. Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026 Fuente: BioBioChile
El Gobierno continúa afinando su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, profundizó en uno de sus principales anuncios: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo en zonas focalizadas del país. En una entrevista con T13 Central, el secretario de Estado explicó que la propuesta busca llenar un vacío en la legislación actual, ya que los cuatro estados de excepción contemplados por la Constitución —Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe— no fueron diseñados para abordar problemas de seguridad pública asociados al crimen organizado. “Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo”, sostuvo Arrau. El ministro detalló que este nuevo mecanismo permitiría adoptar medidas extraordinarias dentro de los sectores donde sea decretado, incluyendo restricciones al desplazamiento y otras facultades especiales para las autoridades. Entre ellas, mencionó la posibilidad de establecer toques de queda, limitar el derecho a reunión e incluso autorizar la interceptación de telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar investigaciones y operativos contra organizaciones criminales. Según explicó, estas herramientas estarían enfocadas exclusivamente en las zonas donde exista una grave alteración de la seguridad pública y permitirían una respuesta más rápida frente a delitos complejos. Respecto de una eventual participación de las Fuerzas Armadas, Arrau indicó que podrían colaborar en operaciones específicas cuando sus capacidades sean necesarias, aunque precisó que el control de la seguridad pública seguiría estando a cargo de las policías. “Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís”, afirmó el ministro. La agenda también contempla modificaciones en materia migratoria. Entre ellas, aumentar los plazos de retención administrativa de personas extranjeras en situación irregular para facilitar la ejecución de las expulsiones. Arrau aseguró que esta medida no busca prolongar los procedimientos, sino hacerlos más eficaces frente al alto número de órdenes de expulsión pendientes. “No hay una condena judicial, sino una retención administrativa mientras se cumple la orden de expulsión, con revisión legal de un juez”, explicó. El ministro también defendió la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para incorporar la seguridad pública como un deber explícito del Estado, señalando que este cambio jurídico permitirá sustentar las demás modificaciones que contempla la agenda. La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que considera cerca de 30 proyectos de ley y reformas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue víctima de un robo en uno de sus predios ubicados en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble. El hecho está siendo investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI). Según información proporcionada por la Fiscalía y difundida por Radio Bío Bío, el robo tuvo lugar el 25 de mayo y ocasionó pérdidas valuadas en aproximadamente $6 millones. Entre los objetos sustraídos se encuentran principalmente cables de cobre y paneles eléctricos. Este incidente ocurrió apenas seis días después de que Arrau asumiera como ministro de Seguridad, y hasta el momento no hay personas detenidas en relación con el caso. Consultado sobre el suceso, el ministro confirmó que la propiedad pertenece a una empresa agrícola en la que tiene participación y expresó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de delitos. En sus propias palabras:Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola, que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país. Arrau también hizo hincapié en que la delincuencia no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales del país. En este sentido, afirmó:Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la Macrozona Sur o en la zona norte, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco. Por otro lado, el ministro se refirió al homicidio de un ciudadano colombiano de 24 años en Chillán, caso investigado por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI. La investigación se mantiene bajo reserva debido a posibles vínculos con actividades del crimen organizado. La víctima fue encontrada sin vida junto al vehículo que conducía tras recibir múltiples disparos. Al respecto, Arrau prefirió no profundizar en detalles y llamó a esperar el avance de las diligencias:Es un caso policial abierto recientemente, hace un par de días, y efectivamente hay que esperar que el Ministerio Público tenga más novedades. Es un caso en desarrollo y, por tanto, no puedo referirme a él. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, expresó preocupación por la gravedad del hecho y una posible conexión con redes criminales. En sus palabras:De acuerdo a los indicadores que tenemos, es una ciudad tranquila en el concierto nacional. Cosas como esta nos llaman la atención, nos preocupan, y nos tenemos que poner a disposición de ver, de fondo, que si hay crimen organizado o alguna situación con el narcotráfico, hay que actuar con mucha fuerza. Las investigaciones sobre ambos casos continúan avanzando bajo responsabilidad de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Fuente: Meganoticias
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció sobre el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, región del Bío Bío, calificándolo como un acto que va más allá de ser simplemente un delito, ya que representa un desafío al Estado de Chile. Arrau resaltó la gravedad de la situación al recordar un incidente similar ocurrido hace una semana, enfatizando que la muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás. Enfatizó que atacar a un carabinero no solo afecta a la institución policial, sino que constituye un desafío para todo el país. Por ello, aseguró que se utilizarán todos los medios disponibles para resolverlo, para hacer que esa persona cumpla en la cárcel las penas más altas posibles y garantizar que no haya impunidad en estos casos. Además, el ministro expresó su compromiso de seguir respaldando a los carabineros en diversas situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, operativos especiales y situaciones de orden público o violencia callejera. Arrau pide avanzar en respaldo jurídico a las policías Finalmente, Martín Arrau instó a avanzar en legislación para brindar un respaldo jurídico sólido a las fuerzas policiales, haciendo referencia a las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza. Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solo más recursos, como está contemplado en la nueva Ley de Presupuesto con un incremento significativo, sino también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal fue un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza representen ese apoyo necesario para nuestras policías, concluyó. Cabe mencionar que previamente, Arrau había expresado su pesar por el fallecimiento del sargento Urrea a través de sus redes sociales. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea, escribió. Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026 Fuente: BioBioChile
El Gobierno continúa afinando su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, profundizó en uno de sus principales anuncios: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo en zonas focalizadas del país. En una entrevista con T13 Central, el secretario de Estado explicó que la propuesta busca llenar un vacío en la legislación actual, ya que los cuatro estados de excepción contemplados por la Constitución —Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe— no fueron diseñados para abordar problemas de seguridad pública asociados al crimen organizado. “Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo”, sostuvo Arrau. El ministro detalló que este nuevo mecanismo permitiría adoptar medidas extraordinarias dentro de los sectores donde sea decretado, incluyendo restricciones al desplazamiento y otras facultades especiales para las autoridades. Entre ellas, mencionó la posibilidad de establecer toques de queda, limitar el derecho a reunión e incluso autorizar la interceptación de telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar investigaciones y operativos contra organizaciones criminales. Según explicó, estas herramientas estarían enfocadas exclusivamente en las zonas donde exista una grave alteración de la seguridad pública y permitirían una respuesta más rápida frente a delitos complejos. Respecto de una eventual participación de las Fuerzas Armadas, Arrau indicó que podrían colaborar en operaciones específicas cuando sus capacidades sean necesarias, aunque precisó que el control de la seguridad pública seguiría estando a cargo de las policías. “Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís”, afirmó el ministro. La agenda también contempla modificaciones en materia migratoria. Entre ellas, aumentar los plazos de retención administrativa de personas extranjeras en situación irregular para facilitar la ejecución de las expulsiones. Arrau aseguró que esta medida no busca prolongar los procedimientos, sino hacerlos más eficaces frente al alto número de órdenes de expulsión pendientes. “No hay una condena judicial, sino una retención administrativa mientras se cumple la orden de expulsión, con revisión legal de un juez”, explicó. El ministro también defendió la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para incorporar la seguridad pública como un deber explícito del Estado, señalando que este cambio jurídico permitirá sustentar las demás modificaciones que contempla la agenda. La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que considera cerca de 30 proyectos de ley y reformas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue víctima de un robo en uno de sus predios ubicados en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble. El hecho está siendo investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI). Según información proporcionada por la Fiscalía y difundida por Radio Bío Bío, el robo tuvo lugar el 25 de mayo y ocasionó pérdidas valuadas en aproximadamente $6 millones. Entre los objetos sustraídos se encuentran principalmente cables de cobre y paneles eléctricos. Este incidente ocurrió apenas seis días después de que Arrau asumiera como ministro de Seguridad, y hasta el momento no hay personas detenidas en relación con el caso. Consultado sobre el suceso, el ministro confirmó que la propiedad pertenece a una empresa agrícola en la que tiene participación y expresó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de delitos. En sus propias palabras:Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola, que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país. Arrau también hizo hincapié en que la delincuencia no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales del país. En este sentido, afirmó:Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la Macrozona Sur o en la zona norte, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco. Por otro lado, el ministro se refirió al homicidio de un ciudadano colombiano de 24 años en Chillán, caso investigado por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI. La investigación se mantiene bajo reserva debido a posibles vínculos con actividades del crimen organizado. La víctima fue encontrada sin vida junto al vehículo que conducía tras recibir múltiples disparos. Al respecto, Arrau prefirió no profundizar en detalles y llamó a esperar el avance de las diligencias:Es un caso policial abierto recientemente, hace un par de días, y efectivamente hay que esperar que el Ministerio Público tenga más novedades. Es un caso en desarrollo y, por tanto, no puedo referirme a él. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, expresó preocupación por la gravedad del hecho y una posible conexión con redes criminales. En sus palabras:De acuerdo a los indicadores que tenemos, es una ciudad tranquila en el concierto nacional. Cosas como esta nos llaman la atención, nos preocupan, y nos tenemos que poner a disposición de ver, de fondo, que si hay crimen organizado o alguna situación con el narcotráfico, hay que actuar con mucha fuerza. Las investigaciones sobre ambos casos continúan avanzando bajo responsabilidad de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Fuente: Meganoticias
