La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos. En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”. Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos. El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”. Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía de Valparaíso ha iniciado una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad en la comuna de Olmué, incidente que dejó al parlamentario y a uno de sus asesores con lesiones leves. Según informó la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia fue presentada cerca de las 00:25 horas del domingo, luego de un altercado en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo. De acuerdo con la versión proporcionada por el Ministerio Público, el legislador estaba bailando junto a su abogada y acompañado por un asesor cuando fue agredido por un individuo desconocido, quien le golpeó en el rostro. Tras el primer ataque, el diputado Olivares fue llevado fuera del recinto por sus acompañantes. Sin embargo, en ese lugar fue nuevamente abordado por el mismo individuo, esta vez acompañado por otro sujeto, quienes lo derribaron al suelo y continuaron golpeándolo. Durante el incidente, también resultó herido el asesor del diputado al intentar intervenir. La Fiscalía ordenó que ambas víctimas fueran trasladadas a un centro médico para verificar sus lesiones, además de tomar declaraciones a testigos y afectados con el fin de identificar a los responsables. Desde el círculo cercano al diputado afirmaron que el ataque podría haber sido motivado políticamente. Según la denuncia pública realizada por el parlamentario, el agresor habría gritado La izquierda siempre vive antes de golpearlo. A través de las redes sociales, el parlamentario del PDG condenó el incidente y aseguró que no será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones. Hasta el momento no se han reportado detenciones, mientras que las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y Carabineros. Fuente: ADN Radio Nacional
Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción. El caso se relaciona con la investigación por posibles irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, donde también está implicada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y posible uso indebido de datos del Servel con fines comerciales. Según informó Mega Investiga, el Ministerio Público ha recopilado una “batería de pruebas” que apuntan a un supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las cuales habrían sido empleadas como una especie de “caja chica” para gastos no justificados. Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exlegislador, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico. Fuente: ADN Radio Nacional
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha presentado su renuncia al Ministerio Público en medio de la investigación del caso ProCultura, el cual estaba bajo su responsabilidad. En un escrito dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En sus declaraciones, Ríos expresó: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”. Según el exfiscal, la situación se hizo evidente cuando descubrió que en noviembre pasado el Departamento Especializado en Responsabilidad (DER) y/o el fiscal regional solicitaron a una abogada asesora un informe sobre el estado de ProCultura con la instrucción de mantenerlo en secreto. Esto ocurrió sin su conocimiento, a pesar de que la abogada formaba parte de su equipo. Ríos agregó: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”. La renuncia de Eduardo Ríos ha generado revuelo en el ámbito judicial y se espera que las autoridades correspondientes investiguen las acusaciones de maltrato laboral realizadas contra Juan Castro Bekios. La noticia ha sido difundida por diversos medios como T13 y ha generado interés en la opinión pública. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos. En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”. Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos. El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”. Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía de Valparaíso ha iniciado una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad en la comuna de Olmué, incidente que dejó al parlamentario y a uno de sus asesores con lesiones leves. Según informó la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia fue presentada cerca de las 00:25 horas del domingo, luego de un altercado en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo. De acuerdo con la versión proporcionada por el Ministerio Público, el legislador estaba bailando junto a su abogada y acompañado por un asesor cuando fue agredido por un individuo desconocido, quien le golpeó en el rostro. Tras el primer ataque, el diputado Olivares fue llevado fuera del recinto por sus acompañantes. Sin embargo, en ese lugar fue nuevamente abordado por el mismo individuo, esta vez acompañado por otro sujeto, quienes lo derribaron al suelo y continuaron golpeándolo. Durante el incidente, también resultó herido el asesor del diputado al intentar intervenir. La Fiscalía ordenó que ambas víctimas fueran trasladadas a un centro médico para verificar sus lesiones, además de tomar declaraciones a testigos y afectados con el fin de identificar a los responsables. Desde el círculo cercano al diputado afirmaron que el ataque podría haber sido motivado políticamente. Según la denuncia pública realizada por el parlamentario, el agresor habría gritado La izquierda siempre vive antes de golpearlo. A través de las redes sociales, el parlamentario del PDG condenó el incidente y aseguró que no será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones. Hasta el momento no se han reportado detenciones, mientras que las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y Carabineros. Fuente: ADN Radio Nacional
Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción. El caso se relaciona con la investigación por posibles irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, donde también está implicada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y posible uso indebido de datos del Servel con fines comerciales. Según informó Mega Investiga, el Ministerio Público ha recopilado una “batería de pruebas” que apuntan a un supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las cuales habrían sido empleadas como una especie de “caja chica” para gastos no justificados. Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exlegislador, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico. Fuente: ADN Radio Nacional
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha presentado su renuncia al Ministerio Público en medio de la investigación del caso ProCultura, el cual estaba bajo su responsabilidad. En un escrito dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En sus declaraciones, Ríos expresó: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”. Según el exfiscal, la situación se hizo evidente cuando descubrió que en noviembre pasado el Departamento Especializado en Responsabilidad (DER) y/o el fiscal regional solicitaron a una abogada asesora un informe sobre el estado de ProCultura con la instrucción de mantenerlo en secreto. Esto ocurrió sin su conocimiento, a pesar de que la abogada formaba parte de su equipo. Ríos agregó: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”. La renuncia de Eduardo Ríos ha generado revuelo en el ámbito judicial y se espera que las autoridades correspondientes investiguen las acusaciones de maltrato laboral realizadas contra Juan Castro Bekios. La noticia ha sido difundida por diversos medios como T13 y ha generado interés en la opinión pública. Fuente: CNN Chile País
