La oposición ingresó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su actuación frente a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó dos semanas después de que las bancadas opositoras anunciaran la ofensiva parlamentaria, en medio de cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y a la información proporcionada por el secretario de Estado durante sus intervenciones ante el Congreso. El documento, de 189 páginas, fue firmado por diez diputados de distintos partidos de oposición y contempla tres capítulos que buscan establecer una eventual infracción a la Constitución y las leyes. La acusación se fundamenta en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución y abre un procedimiento parlamentario que podría concluir con la destitución del ministro si prospera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores El primer capítulo del libelo cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según la oposición, estas decisiones habrían vulnerado las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421, que modificó la legislación sobre reducción de penas y excluyó determinados delitos sexuales contra menores del acceso a estos beneficios. El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno habría sido dictado en cumplimiento de una orden judicial específica. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio de Justicia extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, pese a que dichas resoluciones judiciales solo producen efectos en los procesos correspondientes. Además, cuestionan que no se haya considerado adecuadamente el interés superior del niño ni la situación de las víctimas al momento de conceder las rebajas. Acusación incluye beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad El segundo capítulo aborda la reducción de condenas otorgada a tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De acuerdo con los argumentos de la oposición, el Ministerio de Justicia habría autorizado estos beneficios sin realizar una evaluación individual suficiente sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entre los aspectos cuestionados figuran la eventual colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación de las víctimas y las consecuencias que tendría su liberación para sus familiares. La acusación también plantea que el ministerio habría modificado criterios utilizados anteriormente para resolver solicitudes similares, sin que existieran cambios legislativos que justificaran esa diferencia. Según el documento, los tres condenados beneficiados ya se encuentran en libertad, lo que constituye uno de los principales fundamentos de este capítulo. Oposición acusa entrega de información incompleta al Congreso El tercer apartado está relacionado con las explicaciones entregadas por Fernando Rabat durante sus intervenciones ante el Poder Legislativo. Los parlamentarios cuestionan las declaraciones realizadas por el ministro ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, el día siguiente. En esas instancias, Rabat sostuvo que su cartera formalizaba decisiones adoptadas por las comisiones de reducción de condenas y que determinadas resoluciones judiciales condicionaban su actuación. Sin embargo, la oposición considera que el ministro habría entregado antecedentes incompletos o inexactos sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia y los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por esta razón, el libelo plantea una eventual vulneración del principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 8 de la Constitución y en la legislación que regula el funcionamiento de la Administración del Estado. Las imputaciones deberán ser examinadas durante la tramitación parlamentaria, instancia en la que el secretario de Estado podrá presentar sus descargos y argumentos de defensa. Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat La acusación se presenta en medio de las diferencias políticas generadas por las rebajas de condenas. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro de Justicia, pese a reconocer públicamente que las decisiones relacionadas con beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores constituyeron un error del Ejecutivo. El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de dos subsecretarios de la cartera. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener a Rabat en sus funciones y solicitar la implementación de medidas destinadas a revisar los procedimientos relacionados con las rebajas de condenas. Desde el oficialismo también se han realizado llamados a sus parlamentarios para rechazar la acusación constitucional. ¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional? Con el ingreso formal del documento, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento establecido para analizar las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. La tramitación contempla la conformación de una comisión encargada de estudiar los antecedentes, recibir la defensa del acusado y emitir un informe que posteriormente será sometido a consideración de la Sala. Si la Cámara declara que la acusación tiene mérito, el proceso avanzará al Senado, que deberá pronunciarse sobre las infracciones atribuidas al secretario de Estado. En caso de que la Cámara Alta declare culpable al ministro, Rabat será destituido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, la presentación del libelo no implica la destitución del secretario de Estado ni establece que las infracciones denunciadas hayan sido acreditadas. La definición quedará en manos del Congreso, donde oficialismo y oposición deberán fijar sus posiciones frente a una controversia que mantiene bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Justicia.
La oposición ingresó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su actuación frente a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó dos semanas después de que las bancadas opositoras anunciaran la ofensiva parlamentaria, en medio de cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y a la información proporcionada por el secretario de Estado durante sus intervenciones ante el Congreso. El documento, de 189 páginas, fue firmado por diez diputados de distintos partidos de oposición y contempla tres capítulos que buscan establecer una eventual infracción a la Constitución y las leyes. La acusación se fundamenta en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución y abre un procedimiento parlamentario que podría concluir con la destitución del ministro si prospera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores El primer capítulo del libelo cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según la oposición, estas decisiones habrían vulnerado las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421, que modificó la legislación sobre reducción de penas y excluyó determinados delitos sexuales contra menores del acceso a estos beneficios. El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno habría sido dictado en cumplimiento de una orden judicial específica. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio de Justicia extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, pese a que dichas resoluciones judiciales solo producen efectos en los procesos correspondientes. Además, cuestionan que no se haya considerado adecuadamente el interés superior del niño ni la situación de las víctimas al momento de conceder las rebajas. Acusación incluye beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad El segundo capítulo aborda la reducción de condenas otorgada a tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De acuerdo con los argumentos de la oposición, el Ministerio de Justicia habría autorizado estos beneficios sin realizar una evaluación individual suficiente sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entre los aspectos cuestionados figuran la eventual colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación de las víctimas y las consecuencias que tendría su liberación para sus familiares. La acusación también plantea que el ministerio habría modificado criterios utilizados anteriormente para resolver solicitudes similares, sin que existieran cambios legislativos que justificaran esa diferencia. Según el documento, los tres condenados beneficiados ya se encuentran en libertad, lo que constituye uno de los principales fundamentos de este capítulo. Oposición acusa entrega de información incompleta al Congreso El tercer apartado está relacionado con las explicaciones entregadas por Fernando Rabat durante sus intervenciones ante el Poder Legislativo. Los parlamentarios cuestionan las declaraciones realizadas por el ministro ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, el día siguiente. En esas instancias, Rabat sostuvo que su cartera formalizaba decisiones adoptadas por las comisiones de reducción de condenas y que determinadas resoluciones judiciales condicionaban su actuación. Sin embargo, la oposición considera que el ministro habría entregado antecedentes incompletos o inexactos sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia y los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por esta razón, el libelo plantea una eventual vulneración del principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 8 de la Constitución y en la legislación que regula el funcionamiento de la Administración del Estado. Las imputaciones deberán ser examinadas durante la tramitación parlamentaria, instancia en la que el secretario de Estado podrá presentar sus descargos y argumentos de defensa. Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat La acusación se presenta en medio de las diferencias políticas generadas por las rebajas de condenas. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro de Justicia, pese a reconocer públicamente que las decisiones relacionadas con beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores constituyeron un error del Ejecutivo. El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de dos subsecretarios de la cartera. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener a Rabat en sus funciones y solicitar la implementación de medidas destinadas a revisar los procedimientos relacionados con las rebajas de condenas. Desde el oficialismo también se han realizado llamados a sus parlamentarios para rechazar la acusación constitucional. ¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional? Con el ingreso formal del documento, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento establecido para analizar las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. La tramitación contempla la conformación de una comisión encargada de estudiar los antecedentes, recibir la defensa del acusado y emitir un informe que posteriormente será sometido a consideración de la Sala. Si la Cámara declara que la acusación tiene mérito, el proceso avanzará al Senado, que deberá pronunciarse sobre las infracciones atribuidas al secretario de Estado. En caso de que la Cámara Alta declare culpable al ministro, Rabat será destituido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, la presentación del libelo no implica la destitución del secretario de Estado ni establece que las infracciones denunciadas hayan sido acreditadas. La definición quedará en manos del Congreso, donde oficialismo y oposición deberán fijar sus posiciones frente a una controversia que mantiene bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Justicia.
