La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para esclarecer las millonarias pérdidas de valoración asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E y determinar si podrían tener consecuencias en los cálculos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión se adoptó durante la sesión de este martes, luego de que surgieran cuestionamientos por las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones y los riesgos asumidos en el fondo considerado más conservador del sistema. Según las cifras expuestas ante la comisión por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), las operaciones cuestionadas acumularían cerca de US$7.700 millones en pérdidas de valoración, mientras que el Fondo E registró una caída real acumulada del 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026. En ese contexto, la instancia acordó convocar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para conocer los antecedentes de estas inversiones, las eventuales advertencias recibidas y las medidas de fiscalización adoptadas por el organismo. Uno de los principales puntos que se buscará esclarecer es por qué las AFP mantuvieron una elevada exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés en Estados Unidos, pese a advertencias previas sobre los riesgos asociados con estas operaciones. La citación también incluirá a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de conocer sus observaciones respecto de estas inversiones y las capacidades de los organismos supervisores. En paralelo, la Subsecretaría de Hacienda deberá abordar si la perdida de los fondos previsionales podría tener alguna incidencia en los cálculos relacionados con el financiamiento y pago de la PGU. Este último punto será materia de consulta a las autoridades sin que hasta ahora se haya establecido que las perdidas del Fondo E tengan un efecto directo sobre los montos del pago del beneficio estatal.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para esclarecer las millonarias pérdidas de valoración asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E y determinar si podrían tener consecuencias en los cálculos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión se adoptó durante la sesión de este martes, luego de que surgieran cuestionamientos por las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones y los riesgos asumidos en el fondo considerado más conservador del sistema. Según las cifras expuestas ante la comisión por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), las operaciones cuestionadas acumularían cerca de US$7.700 millones en pérdidas de valoración, mientras que el Fondo E registró una caída real acumulada del 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026. En ese contexto, la instancia acordó convocar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para conocer los antecedentes de estas inversiones, las eventuales advertencias recibidas y las medidas de fiscalización adoptadas por el organismo. Uno de los principales puntos que se buscará esclarecer es por qué las AFP mantuvieron una elevada exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés en Estados Unidos, pese a advertencias previas sobre los riesgos asociados con estas operaciones. La citación también incluirá a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de conocer sus observaciones respecto de estas inversiones y las capacidades de los organismos supervisores. En paralelo, la Subsecretaría de Hacienda deberá abordar si la perdida de los fondos previsionales podría tener alguna incidencia en los cálculos relacionados con el financiamiento y pago de la PGU. Este último punto será materia de consulta a las autoridades sin que hasta ahora se haya establecido que las perdidas del Fondo E tengan un efecto directo sobre los montos del pago del beneficio estatal.
