El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
